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La tendencia crece: alrededor del 70%
de las mujeres detenidas en la cárcel de El Inca, en Quito, están acusadas o
sentenciadas por delitos relacionados con el tráfico de drogas. En menor proporción, en
las prisiones para varones ocurre un hecho parecido. Un estudio de un equipo de
investigación de la Flacso muestra la corriente de este fenómeno en el Ecuador y las
connotaciones sociales de una política punitiva.
¿Cárceles se
llenan de narcos?
LA COMPOSICIÓN CARCELARIA está mostrando
un fenómeno de la realidad socioeconómica de América Latina y el fuerte influjo de
ciertas corrientes políticas en el establecimiento de correctivos penales.
En el Ecuador, en 1980, existían 4 797 personas encarceladas; en 2004, la cifra subió a
9 886. A principios de los ochenta, los detenidos por la categoría estupefacientes,
representaba el 17% de la población penitenciaria. Actualmente, el 30% de hombres y el
77% de mujeres están en prisión por delitos relacionados con drogas ilegales.
En los ochenta, el 67% de los internos era de origen rural, tenía entre 20 y 29 años, el
59% contaba con instrucción primaria y el 20% era analfabeto. A principios de este siglo,
la mayoría de gente encarcelada es de origen urbano; la edad oscila entre 18 y 28 años,
y casi el 60% tiene formación secundaria y superior.
A esas cifras llegó un estudio de un equipo de investigación de la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), que aquí se detalla.
El Ecuador no produce drogas ilegales, es un punto de tránsito en los circuitos de
tráfico internacional. En el país, el comercio doméstico a pequeña escala es una
modalidad laboral inscrita en la economía informal para satisfacer la reducida demanda
local.
El consumo de drogas ilegales afecta a una minoría de la población ecuatoriana, mientras
el alcohol lo consumen con regularidad las tres cuartas partes de la sociedad.
Así, se entiende que la población penitenciaria en América Latina haya aumentado de
forma acelerada durante los noventa. Por lo menos es más creíble que considerar el
aparecimiento de una epidemia delincuencial generalizada que afecta a extensas capas
sociales, haciendo de ellas personas más inmorales o con tendencias criminales innatas.
El problema no es que el Estado tenga una política criminal y carcelaria, elemento
básico en el llamado estado de derecho, sino que se utilice al sistema penal y
penitenciario para resolver problemas sociales. En un estudio de Elías Carranza, de 2003,
se demuestra que, entre 1992 y 1999, en América Latina, el crecimiento de la población
penitenciaria se debe a un mayor uso de la prisión, como instrumento punitivo.
Los objetivos de la acción estatal ya no son irracionales, están sujetos a una dinámica
relativamente autónoma de la realidad social presente en el país. La focalización de
las políticas criminales y carcelarias hacia la economía ilegal del narcotráfico es la
respuesta previsible y lógica de Estados que no tienen otra manera de legitimarse en la
sociedad que ejerciendo burdamente el monopolio de la violencia, es decir, aplicando la
ley y el orden.
Así, la política anticriminal y carcelaria hacia las drogas ilegales se convierte al
mismo tiempo en una cesión de soberanía y una necesidad del Estado que le permite
desplegarla.
El modelo carcelario hacia las drogas ilegales en el contexto neoliberal es mucho más que
otro episodio en esta larga cruzada moderna. Es, por ahora, el paradigma latinoamericano,
y especialmente andino, de la emergencia de un Estado policial y penal indiferente al
drama social fomentado por el canibalismo del mercado. En concreto, es la causa
estructural de que cada día más jóvenes desempleados pierdan su vida en una cárcel y
con ello ingresen penosamente al mundo delincuencial.
Entonces, el aumento de la violencia y conflicto social obliga a incrementar el aparato
policial y justifica una suerte de populismo carcelario que grita a los cuatro vientos por
el aumento de las penas y la construcción de más prisiones, pero que, en realidad, lo
que se enfrenta no es otra cosa que el resultado de una brutal criminalización
sistemática de las clases menos favorecidas.
Las transformaciones en la composición de la población penitenciaria son solo una parte
del fenómeno, la articulación del sistema de cárceles con la economía ilegal de las
drogas en el marco de estos procesos de transformación del Estado ha generado efectos
tanto a escala institucional como social. (JNV)
La historia
La producción de drogas ilegales aparece en
la región andina durante los setenta debido a que países como Bolivia y el Perú, donde
culturalmente la hoja de coca tiene usos tradicionales, se hicieron funcionales a la
demanda internacional. En Colombia y México se desarrollaron sistemas de comercio ilegal
hacia los EEUU y Europa. Esta situación se mantuvo hasta los noventa; luego, Colombia
dejó de ser un país especializado en el tráfico y se convirtió en el mayor productor
de hoja de coca del mundo en 1999 y en esa misma década ya producía 61 toneladas
métricas de amapola. Es un hecho que la economía ilegal de las drogas depende de la
política antinarcóticos de los EEUU en todo el mundo la llamada 'guerra contra las
drogas' se inició en 1982 después de una epidemia de adicción a la cocaína en ese
país. Las políticas antidrogas aparecen a principios de siglo.
Hay un doble
encarcelamiento
MUCHAS ACUSADAS POR TRÁFICO ILICITO de
estupefacientes, en realidad, son las denominadas 'mulas' que hacen su trabajo para
obtener ingresos destinados a sostener la economía de sus hogares.
La aplicación de la Ley de Estupefacientes y
Sustancias Psicotrópicas (Ley 108) que regula y condena los delitos relacionados con el
tráfico y la tenencia de drogas ha tenido un impacto particular en el perfil criminal de
las mujeres en el Ecuador.
Aunque las mujeres solo representan alrededor de un 10% de la población total de
detenidos en el país, este es un porcentaje alto en el contexto latinoamericano y además
es un índice que ha tendido a subir a los largo de los útimos años.
Para 2003, alrededor del 76% de las mujeres recluidas en los centros de rehabilitación
del país eran acusadas de delitos de drogas, mientras que, entre la población masculina,
este porcentaje era tan solo de 28%, según datos de la Dirección Nacional de
Rehabilitación Social (DNRS).
Los delitos de drogas, en los años 80, constituían la principal causa de
criminalización de las mujeres mientras que, entre los hombres, predominaban los delitos
contra la propiedad.
Las mujeres tienen un perfil delictivo menos violento, pues los delitos de drogas, por lo
general, no implican un uso indiscriminado de la violencia, sobre todo si se considera que
hay un número significativo de mujeres que se involucran en actividades de tráfico bajo
la modalidad de 'mulas'.
En una encuesta realizada por Flacso-Ecuador y la DNRS (2005) se constató que, en la
cárcel de El Inca, en Quito, el 27,5% de las internas encuestadas reportó haber
participado en el narcotráfico en calidad de 'mula'.
Por otro lado, un 13,1% de las internas admite que se les detuvo por consumo, lo cual es
un porcentaje significativo si se considera que, desde 1998, el consumo fue despenalizado
en el país.
Como afirma una interna: "Prácticamente, de todos los casos que hay acá por
tráfico, todas, todas son utilizadas, no son las dueñas del negocio".
Aún para el caso de aquellas personas que asumen haber cometido el delito, critican el
estar sujetas a una ley 'intolerante' que, de por sí, les otorga penas demasiado altas.
Sin duda, para las mujeres encarceladas, la principal preocupación, a más de las
condiciones en que se vive dentro de los centros penitenciarios, es la rebaja de penas,
pues de ese modo se intenta paliar la vida que llevan y la deseperanza de obtener una
sentencia justa.
El actual endurecimiento de penas representa un golpe duro para las mujeres detenidas, si
se toma en cuenta que el promedio de años de condena que recibe una persona acusada de
delitos de estupefacientes es de ocho años.
En un contexto en el que las mujeres aún representan el pilar fundamental de las
familias, estas condenas tienen repercusiones sociales significativas. Para aquellas que
son madres, muchas veces implica la pérdida de sus vínculos familiares. Otras, se ven
obligadas a vivir con sus hijos en la cárcel.
Además, el endurecimiento de penas ha exacerbado el hacinamiento en las cárceles de
mujeres, agravando así la situación que viven las detenidas del país.
No son raros tampoco los casos de mujeres que han sido engañadas y sentenciadas
injustamente por delitos que no cometieron. Cabe preguntarse si es posible que este sea un
efecto de una política antidrogas cuya única preocupación es encontrar más
'culpables'. (AT)
Testimonio
En los dos años que he estado aquí, nunca había pasado esto. Fue el 7 de mayo de 2004.
Se producía el traslado de una interna a otro centro, las compañeras hicieron un
problema y dañaron el candado y se fueron. Cuando salieron, empezaron a gritar cosas en
contra de la guía. Ella respondió: "Esta me la vengo y me la cobro". Pero se
la cobró mal. Llamó a la Policía: "Por favor, vengan hay una fuga masiva en la
cárcel". Los policías llegaron, ella les informó que la supuesta fuga era en los
pabellones antiguos pese a que el problema fue en otro sector. Ingresaron, lanzaron cinco
bombas lacrimógenas, no podíamos salir de las celdas, las puertas estaban cerradas con
candado. Gritábamos y pedíamos auxilio. Somos 60 señoras y los hijos. Nos moríamos de
desesperación. La representante del pabellón se armó de valor y cogió y abrió las
puertas. Llegó al baño y se desmayó.
Todas estábamos en el baño, queríamos entrar en la ducha pero primero metimos a la
representante, estaba más muerta que viva, y luego a los niños, tratábamos de que les
cayera el chorrito de agua para mantenerlos vivos.
A mi hijastro le dio convulsiones. Yo saqué valor, lo levanté, lo metí a la ducha y
revivió. El 911 llegó dos horas después, solo ahí nos sacaron. Los policías se dieron
cuenta de que nosotras no fuimos las revoltosas, se querían llevar las bombas, alcanzamos
a cogerlas y se las entregamos a los derechos humanos.
Una interna de la cárcel de mujeres de El Inca, en Quito.
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